Los casos de vulneración de los derechos se multiplican en el país. El riesgo para niños, niñas y adolescentes se ha hecho conocer a las autoridades y no existe un protocolo de actuaciones a nivel provincial que evite las muertes anunciadas. Por Camila Loggiacco*
Otra niña de tres años de edad muere estando dentro de su entorno familiar en la localidad de Los Menucos. Esta lamentable noticia está lejos de ser un hecho aislado. En febrero del año 2019 Sofía de 3 años de edad muere en manos de sus padres. Pese a las denuncias realizadas con anterioridad por sus vecinos no hubo intervención, acompañamiento ni seguimiento del caso. Los responsables inmediatos, su madre y su padrastro, están a la espera del juicio; pero no se ha investigado la responsabilidad de los organismo del Estado provincial que por ley deben atender estos casos.
Otro caso donde están en juego la integridad de niñes fue con la desaparición de Silvia Vázquez Colque, cuyos hijos continúan viviendo con su asesino: Marcos Thola Durán. Pese a que las sospechas sobre la autoría del crimen recayeron desde el primer momento sobre el padre de los niños, sumadas a la preexistencia de denuncias por violencia familiar, los tres pequeños continúan al cuidado de Durán luego de que fuera condenado como autor penalmente responsable de la desaparición de Silvia. El daño psicológico y emocional que padecen estos niños se desconoce. No se ha investigado, ni han contado con la intervención del Estado para el resguardo de su integridad psico-física.
Así como éstos, los casos se multiplican en la provincia – y en el país – donde el riesgo para niños, niñas y adolescentes se ha hecho conocer a las autoridades y no existe un protocolo de actuaciones que evite las muertes anunciadas.
La pasividad social y la inoperancia de los organismos afines
Las deficiencias en la implementación del “sistema integral de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes” es repulsivamente palmarias cuando se necesita abogar por la integridad física, psíquica y emocional de un niñe o adolescente. El sistema está encorsetado en una dinámica de funcionamiento que no incluye la protección integral de elles dentro de su política de Estado, a punto tal que la niñez y adolescencia sólo es tema de debate cuando se trata de bajar la ley imputabilidad penal, y pese a que no existe ningún funcionario procesado por los casos antes mencionados.
¿Cómo se defiende un niñe ante una situación de violencia o abuso? ¿Y cuando éste es producido por quienes deben cuidarlo? Es en ese momento donde otros actores sociales entran en juego. Vecinos, familiares, escuela, salud, policía, etc. Cada uno de ellos tienen responsabilidad en el cuidado, y por tanto tienen el deber de actuar ante indicios o sospecha de maltrato infantil. Los miembros de la comunidad deben hacer las denuncias correspondientes, pero una vez que se toma conocimiento del hecho, existen múltiples organismos e instituciones que deben intervenir para el resguardo de los derechos de ese niño, niña o adolescente víctima de violencia, pero la realidad nos muestra que los resultados son infructuosos.
Los organismos provinciales no cuentan con un protocolo de actuación ante la existencia de una situación de violencia infantil. La Secretaría de Niñez encargada de estos casos limita su intervención a una entrevista con el grupo familiar y/o el niño; y de ello deriva la producción de un informe para el supuesto caso que lo requiera la Justicia provincial.
Los programas preventivos promocionales son escasos -Ecos, Hueche, Sonoridad Andina- y sin el financiamiento adecuado para las contingencias que atienden. El programa “Defender la Alegría” que para el 2017 llevaba más de una década en funcionamiento, nunca llegó a tener presupuesto propio y luego fue desmantelado con el ingreso de las nuevas autoridades. A diferencia de los otros programas, Defender la Alegría trabajaba no solo con adolescentes, sino también con niñes muy pequeños y se sostuvo por muchos años gracias a la perseverancia, voluntad y necesidad de cambio de sus miembros (muchos becados o ad honorem).
Por su parte el Poder Judicial de la provincial en lo que refiere a denuncias por violencia doméstica, donde también se ven afectados niños y niñas, existe un gran vacío en cuanto a las medidas de protección que a ellos refieren. Carecen de un monitoreo y seguimiento de caso para una eficiente protección de la integridad psico-física de les niñes.
Ello se debe a que la denuncias por violencia familiar se traducen esencialmente en denuncias por violencia de género y por lo tanto no tienen perspectiva desde el derecho de les niñes. Tal es así que las medidas dispuestas para apartar a un niño del progenitor violento son las mismas que las implementadas para una mujer víctima de violencia y no contempla siquiera la cuota alimentaria o el régimen de comunicación con el resto de los miembros de la familia (hermanos, sobrinos, abuelos, etc), para quienes no rige el impedimento de contacto. Es decir, las medidas de “protección” que surge de los decisorios judiciales velan por la integridad física del niñe pero no su integridad psíquica y emocional. De esta forma se suele ver afectada su situación socio-ecónomica y restringido los vínculos fundamentales para cualquier niño, niña o adolescente que en momentos de crisis son un soporte y contención fundamental para sobrellevar esa ruptura familiar.
Esto es una clara consecuencia de la falta de escucha al niño o niña. Rara vez interviene el equipo técnico de los juzgados, o la Juez en entrevista con les niñes a los fines de conocer su opinión al respecto, evaluar su condición y escuchar su versión de los hechos.
Dentro de las medidas cautelares que dispone la/el Juez, está el pedido de intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para que informe la situación y realice un seguimiento del caso. Con ello se presenta un primer informe de situación en el expediente, y generalmente la intervención culmina ahí. No existe monitoreo o seguimiento posterior de caso alguno.
La omisión de un Estado de Derecho
El Estado provincial no cuenta con una política clara y concreta en materia de niñez y adolescencia. El deber de proteger los derechos de les niñes se ha delegado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), cuyos funcionarios -en su mayoría- no son especialistas en la materia y poco conocen del impacto que tienen los programas preventivos promocionales.
El paradigma del niñe es desconocido por sus agentes y la estructura funcional de la SeNAF es una clara demostración de que una política preventiva promocional para niños, niñas y adolescente no es prioridad para la cartera de la Señora Méndez. No sólo porque, como ya se mencionó, su labor en el marco de denuncias sobre violencia familiar es precaria, sino también porque se destina mayor esfuerzo y trabajo en la institucionalización de niñes y adolescentes “en conflicto con la ley” a través del Centro de Atención Integral de niños y adolescentes y el Hogar Pagano; que a los programas preventivos promocionales tendientes a evitar no sólo la delincuencia juvenil, sino también a detectar de antemano situaciones de violencia intrafamiliar que permitiría evitar muertes prematuras.
A ello hay que sumarle que los agentes, operadores y talleristas que trabajan en primera línea con los adolescentes y niñes son los más precarizados. No trabajan en buenas condiciones y deben hacer malabares con los escasos recursos que se les hacen llegar.
Una política de Estado que vele por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de forma principal, donde la integridad de éstos sea parte de una política pública seria, sabría cómo evitar las muertes prematuras como la de Sofía (3 años) en el 2019, Belén (2 años) en el 2013, o la de Nahiara (3 años) recientemente fallecida en Los Menucos.
Desde la muerte de Sofía en febrero de 2019, no se ha trabajado en un protocolo de actuación para situaciones de abuso infantil, ni se logra poner en funcionamiento la figura del abogado del niño/a. Posiblemente si se hubiese investigado, procesado y condenado a los agentes y funcionarios públicos que omitieron cumplir con sus funciones de proteger la integridad de los niños, niñas y adolescentes, el 7 de abril pasado Nahiara de solo tres años no hubiese muerto a golpes en manos de sus cuidadores principales.
Los recursos de la sociedad se están destinando a salarios de la cúpula política y al sostén de una estructura estatal que no está cumpliendo con los fines para los que fuera creada; y que por omisión, sigue sumando muerte de niñas y niños inocentes. #VIVASNOSQUEREMOS.
- Camila Loggiaco es abogada e integrante del Colectivo de Acción Jurírica Social y Cultural ADALQUÍ.